El protocolo nacional, vigente desde diciembre de 2024, recibió 44 solicitudes de activación durante su primer año. La jornada permitió difundir este mecanismo y analizar los riesgos que enfrentan personas defensoras, incluidas quienes trabajan por la protección del medioambiente y la libertad de expresión.

La defensa de los derechos humanos puede implicar amenazas, hostigamiento y violencia contra quienes denuncian vulneraciones, promueven derechos fundamentales o protegen sus territorios. Para abordar estos riesgos, Chile cuenta desde diciembre de 2024 con un protocolo de coordinación institucional cuya aplicación y desafíos fueron analizados en la Universidad Católica de Temuco (UCT).

El conversatorio “Defender sin miedo: Protección de personas defensoras de derechos humanos en Chile”, reunió a especialistas para examinar el funcionamiento de este instrumento, sus alcances y la respuesta que deben entregar los organismos públicos ante situaciones de riesgo.

La actividad, impulsada desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas  y Administrativas de la UCT, buscó contribuir a la difusión de un mecanismo todavía poco conocido y generar un espacio de reflexión sobre la protección de quienes desarrollan labores de defensa de derechos humanos. La instancia permitió acercar esta discusión a la comunidad universitaria y vincular el análisis jurídico con los desafíos que enfrenta el país.

Un mecanismo para coordinar la respuesta del Estado

El protocolo fue aprobado en abril de 2024 y entró en vigencia el 27 de diciembre de ese año. Su objetivo es articular la actuación de distintas instituciones públicas para gestionar situaciones que afectan a personas defensoras de derechos humanos, mediante derivaciones, coordinación y seguimiento.

Según el Informe Anual de Implementación 2025, entre su entrada en vigencia y el 31 de diciembre de ese año se registraron 44 solicitudes de activación. De ellas, 38 corresponden al ámbito de aplicación del mecanismo. El documento contabilizó 14 hechos de violencia digital y 13 de amenazas, ataques u hostigamiento entre las vulneraciones reportadas.

Paz Gallardo Olivos, representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), explicó que el protocolo permite visibilizar los casos y gestionar respuestas institucionales. Precisó que su alcance no se limita a hechos que puedan constituir delitos, sino que también contempla situaciones de hostigamiento y violencia digital que requieren atención.

El instrumento se vincula con los compromisos asumidos por Chile a través del Acuerdo de Escazú, que contempla medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

Amenazas que trascienden lo físico

Los riesgos para quienes defienden derechos también se manifiestan en el entorno digital. Javier García, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas y presidente del Observatorio del Derecho a la Comunicación, advirtió que las agresiones contra periodistas se han diversificado y que internet se ha convertido en un espacio de violencia, “Internet se ha convertido en un foco de mucha violencia contra periodistas”, señaló, alertando sobre las consecuencias psicológicas de estas agresiones y la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, anteceden a ataques físicos.

La reflexión se extendió a las condiciones de seguridad de quienes ejercen labores de comunicación. Stefanie Pacheco, académica de la Universidad de La Frontera y asistente a la jornada, planteó que las exigencias éticas y profesionales deben acompañarse de una mayor consideración de los riesgos asociados al trabajo informativo.

La discusión permitió situar el periodismo dentro de un universo más amplio de personas defensoras, que también incluye a quienes promueven derechos sociales, ambientales y territoriales.

A través de esta actividad, la UCT contribuyó a visibilizar un mecanismo de protección y a promover el análisis de los desafíos que enfrenta su implementación. La difusión de estos instrumentos y el conocimiento de su funcionamiento constituyen pasos relevantes para fortalecer la respuesta institucional frente a las amenazas que afectan a quienes defienden los derechos humanos.