Las propuestas recibidas buscan avanzar en políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, disminuyan las brechas y desigualdades, eliminen todas las formas de violencias, entre otras.

 La Red de Universidades por la Infancia (RUPI) y la Cátedra UNESCO Niñez, Juventud, Educación y Sociedad presentó la Agenda Niñez 2022-2026, documento que será entregado de manera transversal a las y los candidatos presidenciales, así como a gobernadores y gobernadoras regionales y autoridades municipales.

En total son más de 50 propuestas desarrolladas por casi un centenar de personas ligadas al ámbito de las Ciencias Sociales, de la Educación, Jurídicas, de la Salud, entre otras; con el objetivo de avanzar en políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes; disminuyan las brechas y desigualdades; eliminen todas las formas de violencias, por mencionar algunas.

Esta Agenda se pondrá a disposición de las autoridades responsables de las políticas pública para tomar decisiones en el ámbito de la niñez y la adolescencia con base al mejor conocimiento disponible.

Durante la ceremonia de presentación, el rector de la Universidad Católica de Temuco y Presidente de la Red G9, Dr. Aliro Bórquez, “esta Agenda expresa el compromiso del mundo académico por una de las principales preocupaciones de índole social en nuestro país como es la niñez chilena. Este compromiso ha sido un motor fundamental que ha motivado a las universidades que somos parte de la Red buscando contribuir y mantener una prioridad en las agendas políticas y de la gestión pública del país. Los niños, niñas y adolescentes de Chile han esperado por mucho tiempo que se formulen políticas públicas en materia de infancia que los consideren como sujetos plenos de derecho. Hoy el país tiene la posibilidad de consagrar en una nueva carta magna el status constitucional de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Las universidades como centros de generación de conocimientos, tenemos la obligación ética de proponer estrategias y métodos que aporten con soluciones para construir una sociedad mas justa solidaria y comprometida con todos y cada uno de sus miembros, pero más aún con aquellos más frágiles como son los niños, niñas y adolescentes.”

Por su parte, Mary Guin Delaney, Asesora Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, felicitó la iniciativa señalando que “hemos empezado a revisar la Agenda, para ver cómo podemos apoyar las iniciativas. Destaco el trabajo colaborativo que se ha producido y que busca informar a los tomadores de decisión sobre esta niñez que requiere ser protegida y contar con espacios de participación”.

La representante de la Unicef en Chile, Ludmila Palazzo destacó el concepto de irrenunciabilidad de los ejes en los que se centra la Agenda y reconoció cuatro aspectos en los que la academia jugaría un rol predominante: (i)el rol de formación continua de las universidades; (ii)abogar y acompañar a los tomadores de decisiones en la implementación de estas medidas propuestas en la Agenda; (iii) monitorear las tareas de los Gobiernos, acciones, presupuestos y brechas; y finalmente, (iv) generar información y conocimiento sobre estos temas.

Por su parte, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez señaló que “somos muchos y muchas los que estamos concentrados en avanzar en los cambios que la niñez y la adolescencia necesitan y merecen desde hace mucho tiempo. Ese compromiso que revela la presentación de esta Agenda, así como la participación del Senador Latorre quien tiene un compromiso particular con los derechos de niños, niñas y adolescentes, nos da muestras de cómo deberíamos seguir este camino que yo no veo que tenga vuelta atrás. Acá sólo debiéramos avanzar en los derechos y reconocimientos que, en el contexto que estamos viviendo con la instalación de la Convención Constitucional, abre una puerta significativa para que logremos integrar esas concepciones en lo que concierne a los derechos de niños, niñas y adolescentes”

Aportes desde la UCT

Académicos y académicas de las Universidades que conforman la RUPI, trabajaron en presentar esta Agenda Niñez que fue organizada en tres apartados: en primer lugar, se presenta «lo irrenunciable» que debieran asumir las políticas públicas en cuanto al resguardo y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia para el próximo periodo político chileno, desde la perspectiva de la RUPI y la Cátedra UNESCO; en segundo lugar, se entrega un resumen ejecutivo de las 51 propuestas aportadas por casi un centenar de académicos(as) e investigadores(as) en torno a los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) agrupados, con una perspectiva intersectorial e integral, en sus cuatro ejes: supervivencia, desarrollo, protección y participación y por último, se presentan las propuestas aportadas por el mundo académico en extenso, incluyendo las fuentes y la evidencia que las sustentan e identificando a sus autores y autoras, también organizados en función de los cuatro ejes de la CDN.

La Universidad Católica de Temuco, a través de la académica Magaly Cabrolié, participó en la elaboración de la propuesta número 27, denominada “Cambiar las condiciones que constituyen dificultades para las familias y no cambiar a las familias: la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes es un asunto intersectorial”.

En el texto, la académica plantea que se realizó un proceso de investigación por parte de un equipo de académicas de la UCT, en el ámbito de la protección de niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado, tanto en programas ambulatorios como cerrados, donde emergió como una importante dimensión a considerar el tipo de intervención y el enfoque desde el que los programas y sus profesionales realizan los procesos de intervención tanto de manera directa con ellos y ellas, como con sus familias.

Hasta ahora – indica el texto – los programas que operan en el ámbito de la protección de la niñez han actuado desde varios presupuestos, uno de ellos es que, cuando ocurre una vulneración de derechos a niños, niñas o adolescentes, se debe buscar algún tipo de culpabilidad en la familia, lo que implica que los equipos de profesionales inician su trabajo de protección y de restitución de derechos desde una mirada culpabilizadora, olvidando la responsabilidad que le cabe al Estado como garante de los derechos de la niñez (Cabrolié & Sanhueza, 2016; Cabrolié & Sanhueza, 2017).

Desde esta idea, el modelo desarrollado por las investigadoras propuso centrar la atención no en los atributos individuales de padres, madres o cuidadores, sino en las condiciones que dificultan o facilitan la parentalidad. Al trabajar con esta perspectiva, se pudo establecer que existen condiciones de tres tipos: del contexto sociocultural, de los padres, madres y cuidadores, y también de los niños, las niñas y adolescentes, que pueden estar facilitando o dificultando la parentalidad. El modelo proporciona las herramientas para que los profesionales puedan trabajar en torno a la transformación de aquello que dificulta la parentalidad y fortaleciendo aquello que la facilita, desde la propia vivencia particular de cada familia y reconociendo los aspectos de orden sociocultural.

“Para ello, dice la autora, se requiere contar con un sistema que logre articular a los diversos actores vinculados a la política pública que puedan modificar dichas condiciones que pueden estar dificultando la parentalidad”, señala en el apartado número 27 de la Agenda Niñez, la académica Magaly Cabrolié.

Les invitamos a revisar el documento completo de Agenda Niñez 2022 – 2026 aquí.