El Rector de la UCT junto con otros rectores sostuvo reuniones con la presidenta del Senado, Senadora Yasna Provoste, y con el Mandatario Sebastián Piñera, en busca de replantear la aplicación de condicionales en el actual sistema de Gratuidad.

En menos de 24 horas, el presidente de la Red de Universidad Públicas agrupadas en el G9 y Rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Bórquez Ramírez, concretó dos importantes reuniones con autoridades nacionales. La primera, el martes 4 de este mes, con la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Yasna Provoste, junto con sus pares Jaime Quintana, Jorge Pizarro y Juan Ignacio Latorre; la segunda, con el Presidente Sebastián Piñera, a la par con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa.

En la primera cita, Bórquez solicitó que se discutieran las últimas actualizaciones a la Ley 21.091 -la nueva Ley de Educación Superior- y el sistema de Gratuidad Universitaria, específicamente con foco en los artículos: 102, sobre la definición de vacantes, y los artículos del párrafo 2º De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, además del artículo 108, sobre cobro y la duración nominal de las carreras.

El Rector, también integrante del Comité Ejecutivo CRUCh -el mismo que invitó a Provoste a dialogar- destacó la disposición de la senadora ante los temas propuestos.

“Nosotros le explicamos bastante detallado los impactos que está teniendo la aplicación de esta ley para las universidades. Ya venimos arrastrando un impacto desde la política de gratuidad en estos últimos 4 años”, explicó el Rector Bórquez. “Si bien cuando se empezó la discusión de los aranceles que se iban a fijar, el ministerio hizo una consulta a las universidades, finalmente se definieron estos en un trabajo conjunto con el comité de expertos, pero sin un espacio amplio de discusión con los regulados. Lo que va ocurrir, si no hay un cambio en la propuesta del ministerio, es un efecto de desfinanciamiento progresivo en las universidades. La actual aplicación del artículo 108, para el caso del G9, ha significado poco más de $10.000 millones menos para las universidades en el 2020, sin tener en consideración todavía la aplicación de estos nuevos aranceles de la resolución exenta publicada el pasado viernes”, detalló la autoridad respecto a la solicitud que plantearon a la presidenta del Senado.

– ¿Qué avances hubo en esta conversación?
-La senadora planteó la posibilidad, primero, de hacer una sesión especial del Senado donde se pueda exponer todas estas dificultades que las universidades van a tener y que ya se están vislumbrando que pueden ser muy profundas en los próximos años. En segundo lugar, se planteó la postergación de la aplicación de este articulado por lo menos por un tiempo, hasta tener una discusión profunda entre el regulador y los regulados, como debió hacerse desde un comienzo.

– ¿Hubo algún compromiso de parte del Legislativo?
-Se exploró la posibilidad de trabajar alguna ley que permitiera suspender a lo menos la aplicación de los aranceles y las vacantes reguladas, hasta tener un estudio más detallado sobre definición de aranceles que entre otras cosas corrigiera la inequidad territorial. Es claro que el modelo propuesto finalmente termina dañando más a las universidades regionales que a las universidades metropolitanas. La senadora señaló que sí existía la posibilidad de revisar estos temas pero que no tenía certeza si el Parlamento tenía la posibilidad de plantear una ley como esta porque, cuando están implicados recursos, podría haber una obligación privativa del Ejecutivo. El acuerdo finalmente es que los senadores iban a explorar esa posibilidad.

Invitación del Presidente Piñera
Desde marzo de este año que las autoridades que conforman el G9 mantenían la esperanza de discutir posibles modificaciones de la Ley 21.091, luego que primero el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, deslindara la posibilidad, y que en abril el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, mencionara la intención de conformar una mesa de trabajo para tratar este tema. Una invitación del Presidente Sebastián Piñera a reunirse con él -algunos en forma presencial, otros por video llamada- levantó las expectativas. Sin embargo, un programa diferente de diálogo derivó en que no se profundizara en la temática en cuestión.

“Como estaba muy reciente todo el tema de fijación de aranceles, pensamos que ese podía ser el tema (…) y el Presidente lo que nos mostró, y de hecho nos hizo llegar un documento, fue una suerte de balance de la situación país respecto a la pandemia, también respecto a la recuperación económica y el último tema que trató tenía que ver con el proceso constituyente y la posibilidad de que efectivamente tuviéramos elecciones el 15 y el 16 de mayo”, contó el Rector de la UCT, y mencionó parte de los análisis expuestos: “Hay cifras positivas que hacían prever que hay una cierta mejora en la situación (sanitaria), aunque él no quería ser exitista, porque dijo que estas cosas cambian día a día, pero la tendencia es que estamos mejorando. Y lo otro que planteó respecto a la recuperación económica es que veía que, con todos los esfuerzos y el nivel de endeudamiento que el país ha tenido producto de la pandemia, estamos con un nivel de cifra que auguraba un despegue económico para el país importante a partir del 2022”, dijo Bórquez.

-Luego del análisis económico del Presidente, ¿cómo cambia esto en la percepción actual de bajo crecimiento en las universidades?
-A pesar de las buenas noticias que el Presidente dice (…) si la Ley de Educación Superior se aplica de la manera como está, por mucho que el país muestre mejores cifras, lo que va a imperar es lo que dice la ley, lo cual es lapidario para el desarrollo de las universidades. Creo que podría ser una unión virtuosa si nosotros logramos mejorar la ley y el país logra estar en mejores condiciones económicas para que nuestra solicitud tenga acogida por el Gobierno. (…) De cualquier manera, el Gobierno actual prácticamente está de salida. Lo clave para nosotros será, una vez que se definan los candidatos presidenciales, tengamos un acercamiento con ellos para plantear las dificultades que están teniendo las universidades. Ese será un nuevo espacio, aparte del que hoy estamos intentando que se concrete en una mesa de trabajo, donde esté el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y las universidades, a fin de poder buscar acuerdos que minimicen los impactos que están viviendo las instituciones de educación superior con la aplicación de la ley, además del efecto de la actual pandemia.

-Y tras el análisis sanitario del país, ¿cómo percibe ahora el camino a la presencialidad en las universidades?
-Yo creo que es posible transitar, pero en la medida que los indicadores sanitarios mejoren. En nuestro caso, La Araucanía es la que tiene los peores índices. La positividad en la mayoría de las comunas del país ha ido bajando, y nosotros prácticamente nos hemos mantenido. De hecho, llegamos a un nivel de casi un 20% de positividad. Ahora estamos cercano al 19%, pero aún estamos muy alto. Evidentemente, las universidades tenemos que volver a la presencialidad o semipresencialidad. El Ministro (Figueroa) ha mencionado que se tiene que volver, se tienen que buscar los mecanismos para que pueda retornar el sistema escolar y preescolar con los cuidados que sean necesarios. Puede que no haya mucha más voluntad o incertidumbre en los propios colegios o con profesores, pero hay un problema social profundo con el aprendizaje y el tema de alimentación de muchos niños de contextos vulnerable en el país, entonces se requiere revisar y encontrar las fórmulas para resolverlo. La pandemia y sus efectos pueden ser un problema de largo aliento.

-¿Cuál es su balance tras estas dos reuniones?
-Creo que la reunión con la presidenta del Senado fue muy positiva. Si bien es bueno tener la oportunidad de poder escuchar directamente al Presidente o hablar con él, creo que fue un análisis tan global de la situación de la pandemia, de la economía y cómo miramos este proceso constituyente, que no tuvo foco en el problema que las universidades hemos planteado, y claro, nosotros tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para lograr los cambios que son necesarios por el desarrollo de las instituciones de educación superior y del país, porque sin duda, la educación es el principal motor para alcanzarlo.