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Columna 18 agosto 2025

La importancia de fortalecer el capital humano: El compromiso de la Academia con el mundo del trabajo

En Chile existe un porcentaje importante de personas que son expertas en el oficio que desempeñan, pero que no cuentan con ningún documento formal que acredite su maestría, así lo indicó el último informe de ChileValora (2024 – 2025), que indica que el 78 % de las certificaciones otorgadas se concentraron en habitantes que declaraban estar ocupados al inicio del proceso de evaluación y certificación.

Esto muchas veces trae como consecuencia que la ciudadanía enfrente mayores dificultades para encontrar trabajo, ascender dentro de la empresa o acceder a un nuevo empleo con mejores condiciones. 

De acuerdo con un estudio recientemente publicado por el Observatorio Laboral de La Araucanía (Informalidad Laboral: Comprendiendo la Informalidad de La Araucanía, abril 2025), en nuestra región existe un 40 % de personas ocupadas formalmente que tienen enseñanza media científico-humanista completa, es decir, sin ninguna especialidad técnica asociada a algún oficio. 

Cuando analizamos los resultados en relación a la población ocupada de manera informal, la cifra se eleva considerablemente a un 64 %, lo que da cuenta de un número significativo de trabajadores y trabajadoras que no tienen formación educativa que acredite su experticia en la labor que desempeñan, situación que puede afectar negativamente las posibilidades de formalización del empleo y, junto con ello, privarles de los beneficios y derechos laborales que esta implica.

A ello se suma que en Chile tenemos una deuda histórica respecto al reconocimiento de los oficios, y una muestra clara de ello es el tardío establecimiento de un sistema formal propuesto por el Estado que permita validar los conocimientos de las personas que los ejercen. Pese a que el ejercicio de los oficios siempre ha existido, no fue sino hasta el 2008 que se promulgó la Ley N° 20.267, que creó el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Incluso, en el mismo contexto se reveló otro atraso en la materia, ya que recién en 2013 se comenzó a certificar a los primeros trabajadores y trabajadoras bajo esta normativa. 

Esta deuda no sólo tiene que ver con el Estado, sino que también con el respaldo por parte de los propios sectores productivos, pues hasta antes de la creación de este Sistema Nacional, eran reducidos los rubros que contaban con algún tipo de acreditación.

Es aquí donde las universidades, impulsadas por su compromiso público, tienen la capacidad y responsabilidad de responder a las desigualdades estructurales promoviendo movilidad social, de esta forma, la certificación de oficios constituye una herramienta concreta para ello. El aporte de la academia es clave para disminuir las brechas en empleabilidad mediante el fomento de la certificación. Esto refleja la consolidación del vínculo entre la Universidad y su entorno significativo, y cómo es posible contribuir al desarrollo local de los territorios a través del fortalecimiento del capital humano en diversos ámbitos económicos, entregando procesos de calidad y oportunidades, especialmente en rubros históricamente desplazados. 

Finalmente, la Universidad, como referente del conocimiento y la formación, ejerce una influencia decisiva en las regiones. Este rol le permite robustecer el reconocimiento de los saberes y habilidades de quienes ejercen oficios, contribuyendo a su valoración social y profesional. En este sentido, la Universidad Católica de Temuco reafirma su compromiso con el progreso del país, impulsando iniciativas que potencian la fuerza laboral y promueven la equidad en el mundo del trabajo.