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Columna de Opinión 04 mayo 2022

Nuevo código de aguas: hacia una transición hídrica justa

El proyecto de modificación al Código de Aguas, que ingresó como moción parlamentaria a trámite legislativo en 2011, fue firmado por el Presidente Gabriel Boric el 26 de marzo del presente año y se publicó en el Diario Oficial el día 6 del presente mes. En palabras del mandatario “la reforma priorizará el acceso para el consumo humano y permitirá avanzar hacia una transición hídrica justa y un uso sustentable del vital elemento”.

Muchas expectativas estuvieron puestas en esta reforma, que una vez promulgada vale la pena analizarla en sus aspectos más pragmáticos.

Las implicancias de este nuevo código para una región como la nuestra, con vocación silvoagropecuaria son significativas, ya que es una actividad económica intensiva en cuanto al consumo de agua, situación que va de la mano con un escenario que conjuga escasez hídrica, cambio climático, y un alto porcentaje de población rural que frecuentemente se enfrenta a problemas de acceso al agua potable.

De varias formas, este nuevo cuerpo legal se hace cargo de situaciones especialmente difíciles que aquejan a nuestra región, como las ya descritas.

Las motivaciones principales recogidas por esta norma, dicen relación con incrementar la seguridad, disponibilidad y acceso al recurso (priorizando el consumo humano); promover una gestión sustentable de acuíferos; asegurar la disponibilidad para conservación ambiental, turismo y recreación; crear la certeza jurídica para promover las necesarias inversiones en el área. También busca desincentivar la especulación que se ha observado y que genera, por razones plausibles, alto rechazo de la ciudadanía, y finalmente buscar agilizar los trámites y fortalecer las asociaciones de usuarios. Se espera que en un futuro (esperemos no muy lejano) esta iniciativa se complemente con una nueva institucionalidad que aporte significativamente a la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas en el sector.

Será, por tanto, tarea de las autoridades, el sector productivo, la academia y la sociedad civil en su conjunto hacer viables las políticas que irán en beneficio de las personas, e intrínsecamente en la promoción de la sustentabilidad del recurso.

En una mirada más profunda de la nueva norma, se logra descifrar que existe un interés en avanzar hacia un uso más justo del agua. Esto lo entendemos como tender a una repartición más equitativa de los costos y beneficios que se generen en esta nueva estrategia y, a su vez, que se ponga especial atención a la seguridad hídrica y al acceso de las familias vulnerables al recurso.

Finalmente, podemos afirmar que la modificación al Código de Aguas no resulta por sí sola suficiente para cambiar nuestra forma de hacer uso de los recursos hídricos. Sin embargo, es un paso que confiamos nos dirija hacia la gestión del agua basada en la sostenibilidad y la justicia.

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