El pasado 20 de abril, el presidente Gabriel Boric, en cadena nacional, anunció la nueva política del litio que -en sus palabras- guiará a Chile hacia un nuevo modelo de desarrollo. La estrategia estaría compuesta por 5 ejes: la creación de una empresa nacional del litio que participe en todo el proceso productivo; la colaboración virtuosa con empresas privadas, a través de alianzas público-privadas; desarrollo de tecnologías e investigación para minimizar impactos sobre los ecosistemas y generar formas más eficientes de explotación del recurso; promoción de procesos de participación ciudadana con comunidades; y, generación de productos complejos en base al litio. De este modo, la nueva estrategia nacional del litio busca aprovechar el momento de la demanda global de manera estratégica, respetando a las comunidades locales y medio ambiente. Aunque buena parte de los planteamientos se traslapan con la Política del Litio y Gobernanza de Salares derivada de la Comisión Nacional del Litio del segundo gobierno de Bachelet (2014-2018), salvo la creación de la empresa nacional y el control estatal sobre las concesiones. En ese sentido, se puede considerar que la nueva estrategia retoma la senda de ese trabajo, aunque profundizando algunos aspectos, sobre todo respecto del rol del Estado en la economía del litio.

La historia del litio en Chile es una historia de claroscuros, en la que el Estado, dueño de las pertenencias mineras y en algún momento socio estratégico de las empresas, fue dando pasos al costado desde la década de 1990: vendiendo sus acciones, en primer lugar, y estableciendo escasos mecanismos de control e información sobre la explotación del mineral en Atacama, luego. Así, durante años el Estado jugó un rol pasivo en el juego económico. La política de Bachelet en su segundo mandato (2014-2018) estableció lineamientos para dar un nuevo impulso al Estado, estableciendo nuevas reglas del juego para las empresas, a través de la negociación de contratos. En términos prácticos, ello significó una mejoría de la posición del Estado frente a los actores privados, y logró aumentar de manera importante la recaudación de rentas. No obstante, donde no se pudo avanzar decididamente fue en industrialización, y los distintos instrumentos de política pública que apuntaban en esta dirección no llegaron a buen puerto, en medio de una arena económica disputada por distintos actores -locales, nacionales e internacionales -que tienen intereses diversos sobre el llamado “oro blanco”.

En este disputado escenario, lleno de intereses comprometidos, se plantearon críticas frente al anuncio del gobierno de Boric. Muchas voces, particularmente en la oposición, han criticado la estrategia por considerarla “estatista”. Incluso, han señalado que esta estrategia nacionaliza el recurso, a pesar que siempre ha sido de propiedad estatal y no es concesionable desde 1979. Sin duda se busca tener un impulso en el rol del estado, el que buscará tener control corporativo en la renegociación con las concesiones existentes. Por un lado, esto permitirá al estado tener una mayor captura de rentas al participar de las utilidades derivadas de los proyectos. Por otro lado, también posibilita que el estado participe de las decisiones de los proyectos, los cuales han tenido un controvertido historial de disputas por el estado en materia tributaria y ambiental. Más allá del cuestionamiento ideológico al rol del estado, las criticas también instan a apurar el tranco en términos de explotación y exportación del litio, aprovechando las “ventajas comparativas” que tiene el país, dada la cantidad y calidad del litio en los salares y la demanda existente. Para eso, sugieren, no se debe perder tiempo en construir capacidades estatales, ya que desincentivaría la inversión y crearía instituciones ineficientes para hacer frente a la alta demanda global que tiene el mineral. En cambio, plantean que se debe priorizar el rol de los privados con capacidades instaladas, que podrían aumentar rápidamente las cuotas de explotación si es que el Estado lo permite.

Si bien este argumento es conversable, dado que no hay una institucionalidad ni conocimiento acumulado en el estado en la materia, cabe recordar que buena parte del rezago de Chile en la materia se debe a decisiones erráticas que tuvo la actual oposición cuando fue gobierno. Por ejemplo, a pesar de que durante Piñera I se tenían antecedentes que instaban a construir una política sobre el litio, solamente se optó por licitar un nuevo contrato de operación, el cual fue revocado rápidamente, en medio de irregularidades escandalosas. Posteriormente, durante el segundo gobierno de Piñera, no se avanzó con los puntos definidos en la política de Bachelet II, y todo lo que se trató de licitar y adjudicar, como el Instituto de Tecnologías Limpias y los nuevos contratos con las empresas, tuvo (nuevamente) deficiencias procedimentales reconocidas por tribunales, y que además arrastró situaciones de conflictividad entre los distintos actores vinculados. No solo no intentaron construir capacidades para un sector que evidentemente se perfilaba como estratégico, sino que mostraron serias deficiencias en materia de autonomía en la toma de decisiones respecto a grupos de interés.  En ese contexto, las voces que tratan de moldear la política por la premura de la demanda y acusan lentitud por parte del gobierno, deberían tener autocrítica, y todos deberíamos aprender de los errores cometidos.

Así, a diferencia de lo que muchos actores nacionales actualmente plantean, los avances que se han logrado en agregación de valor (como el reciente acuerdo con BYD para elaboración de cátodos) y beneficios económicos (como las celebradas rentas del presente año) para el país, se han realizado con una intervención decidida del estado. Esta intervención ha sido y será resistida. Cabe recordar que SQM, la principal empresa que explota litio en el país, durante años también fue una de las principales empresas que financiaba de manera irregular las campañas políticas. Por su parte, Albemarle tuvo distintos conflictos con el Estado por la implementación de una clausula del contrato para vender litio a precio preferente, con el que se pretendía avanzar en I+D. Estas son solo algunas viñetas de lo que ha sido la dinámica de los actores vinculados al litio.

Por lo tanto, las empresas privadas, volcadas a la expansión de la explotación y a la acumulación de capital, por sí mismas no van a generar cambios significativos en el modelo de producción actual del litio. El anuncio del presidente Boric, si bien aun es general, pone sobre la mesa una discusión necesaria respecto al modelo de desarrollo que necesitamos, no solo en términos económicos, sino también en relación con el rol del Estado, sus capacidades y las consideraciones socioambientales en lo económico. Después de todo, el Estado no necesariamente tiene un peor desempeño económico que las empresas, pero sí cualquier transformación significativa del modelo de desarrollo imperante requiere de un Estado con capacidades fuertes para llevarlas a cabo.