La descentralización no es un fin en sí mismo, es un medio para resolver problemas como las desigualdades e inequidades. Busca ser una implementación efectiva de políticas dentro de los territorios, como también reducir brechas de género y atender la realidad climática y ambiental desde los distintos niveles del Estado. Esto, permitiría que, independiente de donde viva un ciudadano/a, pueda tener la oportunidad de realizar su proyecto de vida. Es claro que un puntapié inicial ha sido la elección democrática de las y los gobernadores regionales, otra oportunidad real de seguir avanzando es el compromiso del presidente electo Gabriel Boric, quien ha manifestado su voluntad de entregar más poder a las regiones, comprometiéndose, entre otras cosas, en eliminar la figura de delegados presidenciales, otorgar más poder a gobernadora/es electos, como también, impulsar el traspaso de competencias y establecer una coordinación política periódica con ella/os para avanzar hacia una autonomía financiera, política y administrativa, una participación ciudadana y gobernanza multinivel y, así, trabajar en torno a las realidades propias de los territorios y las consecuencias negativas que sufren ante el excesivo centralismo.

Qué duda cabe que, en el marco de los procesos de descentralización, los municipios y los gobiernos regionales juegan un rol central, pues son instituciones claves para mejorar la calidad de vida de las personas y para el desarrollo del país. De hecho, en algunos estudios se ha evidenciado que éstos son la instancia gubernamental más cercana a las personas, y en quienes más confían las y los ciudadanos para lograr solución a sus problemas cotidianos (PNUD, 2014; Centro UC, 2016). Legalmente, los municipios presentan gran autonomía, son responsables de ejecutar una serie de proyectos y programas sociales y, a través de sus corporaciones, gestionan la salud y la educación en los lugares que se insertan; además de todas las acciones que impactan en las personas que habitan dichos territorios.

Aun aquello, las encuestas, en general, muestran una alta percepción de corrupción en estas y evidencian la importancia de abordar el problema de la corrupción en los gobiernos locales, sobre todo, si se tiene en cuenta que las medidas modernizadoras y pro -transparencia han tenido una visión más bien centralista. En la última década, la ciudadanía ha sido testigo de la aparición de diversos casos de corrupción que han involucrado a los municipios. El caso basuras, luminarias y lo ocurrido en San Ramón da cuenta de esta problemática a nivel local. De acuerdo con el Informe Final del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción (2015), en los municipios existe una serie de factores de riesgos que podrían generar oportunidades de corrupción. Entre ellos, destaca el amplio margen de discrecionalidad de la autoridad política local, la gran cantidad de recursos que estas instituciones pueden manejar, la falta de controles adecuados en áreas sensibles.

Entonces, avanzar en una descentralización que cumpla con los objetivos señalados anteriormente, debe ir de la mano con medidas que establezcan principios de probidad y transparencia, lo cual conlleva a reducir las posibilidades de que ocurran casos de corrupción. Sin embargo, esto no sólo se trata del aprovechamiento de los recursos públicos para fines personales, sino que también involucra otro tipo de prácticas que afectan la confianza que las personas tienen en las instituciones. La corrupción se puede entender como un fenómeno social, una práctica informal que mediante la transgresión y/o violación de la normativa legal y de los procedimientos formales de las instituciones públicas posibilita la obtención de beneficios materiales y simbólicos.

La corrupción opera mediante una red de contactos sostenida por la confianza de los integrantes y mediante los intercambios de favores que se producen dentro de ella. De esta manera, se incorpora a los vínculos y redes personales como elementos clave para entender cómo surge, cómo opera y se reproduce la corrupción en todo ámbito institucional. Por lo tanto, se debe considerar este carácter multidimensional de la corrupción para establecer una serie de medidas para prevenirla y controlarla a nivel local.

En primer lugar, es importante identificar áreas vulnerables de corrupción en gobierno locales y determinar la importancia del contexto socio territorial para prevenir la corrupción, incluyendo variables como el nivel de estatalidad, las principales actividades económicas de la comuna o su nivel de desarrollo. Esto nos permite inferir que la corrupción es un fenómeno heterogéneo a nivel local y no necesariamente responde a las lógicas de funcionamiento de una corrupción estatal nacional. Sería importante desarrollar protocolos para la identificación y mitigación de riesgos de corrupción en procesos municipales.

En segundo lugar, es primordial fortalecer el rol de las direcciones de control. Sus funciones dicen relación con la realización de auditorías para fiscalizar la legalidad de los actos; controlar la ejecución de los recursos municipales; dar a conocer al alcalde los actos que sean considerados ilegales; apoyar al concejo en sus tareas de fiscalización; asesorar al concejo en caso de que éstos soliciten auditoría externa y, finalmente, resolver consultas de los concejales respecto a sus funciones, mediante la realización de reuniones periódica.

En tercer lugar, es crucial que exista mayor autonomía legal del Consejo para la Transparencia y que este pueda contar con oficinas regionales. Si bien, este organismo esta más bien enfocado en garantizar el derecho a acceso a información pública y velar por el cumplimiento de la normativa sobre transparencia, el promover una cultura de transparencia a nivel local ayudaría a generar un contexto menos tolerable a la corrupción.

Estas medidas pueden incorporarse quizás no a la discusión sobre sistema político, pero sí en la discusión sobre regionalización y descentralización que se está llevando a cabo. Ya que justamente la idea de que, si vamos a dotar de mayores recursos a las regiones y a las comunas, deben existir los controles adecuados para que estos sean bien utilizados y no aumenten las brechas entre las capitales regionales y el resto de las comunas de cada región.